A lo largo de las últimas décadas, los Estados provinciales debieron asumir crecientes responsabilidades en la gestión de tres servicios públicos esenciales: salud, educación y seguridad. Adicionalmente, en el mismo período, adquirieron nuevas potestades de regulación económica y social, y se involucraron con la Nación en la cogestión de un importante número de programas sociales.

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