La capacidad de ejercer el poder hacer es el resultado de un tipo de relación especial que no viene dada, sino que es necesario establecer entre el gobierno y la ciudadanía que le ha delegado esa responsabilidad.

Escribe Horacio Cao (*)

Cuando hablamos de la gestión de los asuntos públicos aparece de inmediato la cuestión del poder en sus múltiples dimensiones. La gran mayoría de ellas son insoslayables desde cualquier perspectiva de  abordaje porque, más allá de cualquier definición conceptual, para un gobierno tener “poder” equivale a “poder hacer” que es una de sus prerrogativas centrales.

La capacidad de ejercer el poder hacer es el resultado de un tipo de relación especial que no viene dada, sino que es necesario establecer entre el gobierno y la ciudadanía que le ha delegado esa responsabilidad. En esa construcción, la visión que se tenga acerca de cual es el rol del Estado juega un papel clave.

Por ejemplo, los gobiernos de sesgo neoliberal ven en el Estado un freno, pues consideran al desarrollo social y económico como una consecuencia natural de las transacciones llevadas a cabo en mercados donde las interferencias entre la oferta y la demanda sean mínimas o, directamente, nulas.

Es por eso que procuran que el poder esté en manos de organizaciones del sector privado capaz de garantizarlo. Desde esta perspectiva, el Estado asume el papel de custodio del orden y la propiedad privada (el llamado “Estado Gendarme”).

Por el contrario, los gobiernos que podríamos denominar nacionales y populares se esfuerzan en dotar al Estado de poder suficiente para él liderar las demandas y armonizar los intereses de cada uno de los sectores que conforman la sociedad. Así concebido, el Estado asume un rol protagónico central y puede, según el caso, adoptar una posición arbitral, reguladora, articuladora, de intervención directa (por ejemplo, a través de sistemas estatales de acción social o a través de empresas públicas, por citar dos ejemplos) y hasta constructora de actores sociales.

Ahora bien, es muy diferente la relación que establece con la comunidad un Estado que sólo tiene funciones de “gendarme”, que aquel que se propone articular y arbitrar entre actores sociales. En este último caso, el Estado debe tener una alta capacidad de liderazgo, entendida esta como prestigio y convencimiento de la sociedad en su capacidad de conducir a buen puerto la “nave” del desarrollo social y económico. Por el contrario, el Estado gendarme sólo necesita autoridad –en muchos casos, acompañada de miedo- para desarrollar su función.

La comunicación es clave en la construcción de poder y, en ese sentido, los discursos que los medios construyen en relación al Estado no son en modo alguno inocentes: mientras que los medios que sostienen al Estado gendarme dirigirán su discurso a señalar la ineficiencia, el clientelismo y la corrupción que, según ellos, prima en el sector público. A su vez, los medios nacionales y populares destacarán el rol que un Estado presente tiene para alcanzar distintos logros políticos, económicos y sociales.

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