Por Daniel D´Eramo y Horacio Cao (*)

Desde las etapas de la industrialización por sustitución de importaciones, pasando por las distintas fases del ajuste estructural y el actual modelo neodesarrollista, nuestro país ha atravesado ciclos muy diferentes: en cada uno de ellos los Estados provinciales, con baja o nula capacidad de operar sobre las principales variables económicas que caracterizaron cada momento, debieron asumir escenarios que los desafiaban con amenazas y oportunidades.

Hasta la llegada del ajuste, allá por mediados de los ’70, las oportunidades se jugaban alrededor de los regímenes regulatorios que dictaban el pulso productivo del país. Visto en perspectiva, las mejores estrategias provinciales fueron las que lograron articular al Estado con agentes económicos, en la doble vía de abrirles el acceso a posiciones de competitividad a cambio de garantizar pautas de inversión y generación de puestos de trabajo en el territorio. Estas arquetípicas alianzas fueron la base de las performances económicas y sociales más exitosas.

La situación del TdF en su última etapa territoriana tuvo sus particularidades. Por un lado las urgencias de la geopolítica le permitían sortear los efectos del ajuste en la medida en que la presencia del Estado Nacional era materialmente creciente y necesaria. Luego, el impacto migratorio de la ley 19640 en un contexto de recuperación de la democracia no hizo más que acelerar el crecimiento del aparato administrativo que en 1991 sería la base de la nueva administración provincial. En tal sentido, al momento de la provincialización la proporción de empleados públicos cada mil habitantes, había aumentado notablemente respecto de la que existía al finalizar la etapa del territorio.

Durante la década de los ’90, el quid de la cuestión estuvo centrado en la fortaleza fiscal. Mientras se tenía margen financiero, se podían obviar las agresivas recetas de ajuste, inclusive, la sobrevaluación del peso permitía pensar en aplicar excedentes a adquirir -en moneda dura- sofisticados desarrollos llave en mano. Pero la fortaleza fiscal no sólo era importante por lo que permitía, sino también por lo que evitaba: si se rompía el equilibrio financiero, toda la política quedaba subordinada a garantizar el pago de sueldos de forma tal de no quebrar la gobernabilidad. Cuando se perforaba cierto nivel de déficit, la rueda del endeudamiento hacía imposible restablecer el equilibrio y la única salida era la de ofrendar la administración provincial al altar del ajuste nacional.

Si la geopolítica, la soberanía y la promoción industrial hicieron que en algún sentido TdF quedara a distancia de los efectos del ajuste estructural, la amenaza fiscal estaba más cerca y empezaría a sentirse desde mediados de los ’90, en particular por la transferencia -sin recursos de contraparte- de los servicios de salud y educación en el marco de la descentralización del Estado Nacional.

El continuado atractivo inmigratorio de nuestra provincia -originado no sólo en la dinámica económica provincial sino también en un contexto nacional que no creaba puestos de trabajo- se tradujo en mayores demandas hacia la gestión pública estatal provincial y municipal lo que iría configurando un escenario de crisis y conflicto social inédito para lo que hasta ese momento había sido el esplendor de una “isla de la fantasía”.

La atenuación del conflicto fue por la vía conjunta de la asistencia social y del empleo público, ambos posibles por una exuberancia fiscal inédita que se encontró a la salida de la mega-crisis del 2001. Hacia el año 2005 se produjo el crecimiento más abrupto de la planta pública de toda la historia provincial: el denominado “megapase”, que daba cuenta del pase a planta permanente de alrededor de cinco mil personas que incluía personal contratado y beneficiarios de planes sociales.

En medio de un contexto macroeconómico favorable, con fuerte inversión pública del gobierno nacional y con el relanzamiento de la promoción industrial fueguina bajo un esquema de sustitución de importaciones, la situación social mejoró por el lado del empleo privado. Pese a la fase expansiva, y a diferencia de lo que ocurrió en otras provincias, el Estado fueguino apenas si pudo dar cumplimiento de los compromisos salariales, deteriorando los servicios que brinda, poniendo en jaque la coparticipación municipal y poniendo de manifiesto la in-sustentabilidad de su régimen previsional.

Como puede verse la situación de las administraciones públicas provinciales, y la de Tierra del Fuego con sus particularidades y temporalidades, estuvo marcada e impactada por los momentos de expansión y ajuste de los ciclos fiscales a los que gruesamente nos hemos referido.

La moraleja de esta historia es la que referimos al principio de la nota: una incorrecta lectura del escenario lleva a políticas públicas que se pagan en términos del deterioro, tanto del bienestar de la población como de la calidad de la vida institucional y política de la Provincia. Así, vemos que el sino de nuestra administración pública es la tensión por la puja de ingresos en medio de un déficit fiscal creciente. Superar este callejón sin salida es una de las claves de la próxima gestión. Continuará.

* Investigadores de la UNTdF y de la FCE/UBA respectivamente.

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