Horacio Cao

En contra de lo que se repite en los medios y en charlas de oficina, el tema del empleo en la Administración Pública no es un problema cuya médula sea fiscal. A diferencia de lo que pasa en el Congreso Nacional y la Justicia Federal el impacto del gasto en personal es bastante reducido: dar de baja al 10% de la planta no significaría un ahorro superior al 1% del presupuesto.

Con relación a las preocupaciones que fueron marcando el desarrollo de la ciencia política, Cecilia Lesgart destaca que en las décadas de los sesenta y setenta la cuestión del Estado desveló a distintas vertientes del pensamiento político latinoamericano. Hacia finales de los setenta la preocupación se desplazó hacia la comprensión de los regímenes autoritarios en la región para pasar durante los ochenta, a encontrar las claves de la transición y consolidación de la democracia.

Desde las etapas de la industrialización por sustitución de importaciones, pasando por las distintas fases del ajuste estructural y el actual modelo neodesarrollista, nuestro país ha atravesado ciclos muy diferentes: en cada uno de ellos los Estados provinciales, con baja o nula capacidad de operar sobre las principales variables económicas que caracterizaron cada momento, debieron asumir escenarios que los desafiaban con amenazas y oportunidades.

A más de veinte años de la provincialización, la calidad de la gestión de Políticas Públicas ha estado prácticamente ausente como tema de las agendas gubernamentales en Tierra del Fuego. Las pocas menciones sobre el tema no pasaron de ser alusiones tangenciales que en el mejor de los casos reproducían las consignas típicas que glosaban noticias y textos que llegaban desde Buenos Aires.

Sabemos que hasta su provincialización en 1991, Tierra del Fuego fue uno de los Territorios Nacionales organizados en tal condición por la ley Nº 1.532 del año 1884. Este proceso institucionalizador se dio en el marco de la consolidación del modelo exportador liberal-oligárquico que, en el último cuarto del siglo XIX, afianzó los atributos del Estado Nacional y resolvió la cuestión federal.

Todo comienza cuando, cada tanto, la provincia de Buenos Aires hace pública su queja por los magros recursos que recibe de la enmarañada madeja que es el federalismo fiscal de la República Argentina. Inmediatamente después, el resto de las provincias reseñan las injusticias que se cometieron y se cometen con cada una de ellas: si va a ocurrir un nuevo reparto, ninguna puede darse el lujo de quedar afuera.

Tres gobiernos en manos de fuerzas políticas opositoras –Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires– han hecho pública su voluntad de establecer penalidades impositivas y otros impedimentos al despliegue del llamado “blanqueo” (Ley Nº 26.860). Si rastreamos en la prensa, vemos que se trata de una política persistente, que en los últimos días logró titulares por la declaración de inconstitucionalidad al veto del aborto no punible y con el impulso de leyes provinciales en contra de la ley de medios.

La capacidad de ejercer el poder hacer es el resultado de un tipo de relación especial que no viene dada, sino que es necesario establecer entre el gobierno y la ciudadanía que le ha delegado esa responsabilidad. Cuando hablamos de la gestión de los asuntos públicos aparece de inmediato la cuestión del poder en sus múltiples dimensiones. La gran mayoría de ellas son insoslayables desde cualquier perspectiva de abordaje…

Nuestra historia muestra la cantidad de veces en las cuales la carencia de poder por parte del Estado dio por tierra con las posibilidades de imponer políticas impulsadas por un gobierno democrático. Como hemos dicho, el modelo nacional y popular precisa de un Estado que pueda desarrollar tareas reguladoras, arbitrales, articuladoras y de construcción o empoderamiento de nuevos actores sociales.